ENERO DE 2023
La Región de Los Dos Ríos abarca el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Centro y Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena Medio, es un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos del país, los Ríos Magdalena y Cauca, que abrazan las montañas de la Cordillera Central, cubierta por bosques tropicales y andinos, que alberga diversidad de fauna y flora, y una gran reserva de oro y minerales como cobre, plata y zinc, entre otros. Sus riquezas naturales, hídricas, energéticas, y agropecuarias (ganadería, agricultura y pesca) la sitúan como una de las regiones más importantes del país.
Históricamente, las comunidades le hemos dado a la tierra y a las riquezas naturales usos colectivos, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de los pueblos sin perturbar el equilibrio y la armonía con la naturaleza que nos brinda nuestros medios de subsistencia. Sin embargo, debido a su importancia estratégica, esta región se ha visto inmersa en fuertes conflictos por el control del territorio y sus economías, generando graves riesgos para la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad ante las grandes empresas y los actores armados.
Los conflictos ambientales y territoriales en esta región están relacionados principalmente con el acceso a la tierra, que ha sido concentrada en muy pocas manos a través del despojo, el desplazamiento forzado y el derramamiento de sangre, para favorecer intereses de las élites económicas, que generan graves impactos ambientales y sociales por el monocultivo de palma africana, la ganadería extensiva, y la minería a gran escala.
En este contexto, nuestra región ha sido escenario de disputa y de una fuerte arremetida de los paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, que han generado durante décadas fuertes enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) ahora conocidas como Disidencias, razón por la cual es calificada como “Zona Roja”, generando gran estigmatización para nuestra población.
La respuesta del Estado ante el conflicto social y armado ha sido el aumento de la militarización del territorio, agravando aún más la situación de las comunidades que quedan en medio del fuego cruzado y son víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La militarización de esta región pretende supuestamente atacar a los grupos insurgentes, pero en realidad contribuye a despojar y desplazar a las comunidades, obligándolas a abandonar sus tierras para luego destinarlas a megaproyectos, perpetuando el saqueo de las multinacionales.
Sobre nuestras comunidades pesa un doble yugo: son saqueadas y explotadas por grandes empresas y terratenientes, y para que no puedan oponerse, son amenazadas, asesinadas y desplazadas por las fuerzas oficiales y paraoficiales del Estado.
Son reiteradas las denuncias de organizaciones de derechos humanos por la complicidad entre militares y paramilitares que extorsionan, asesinan, violan, desaparecen y desplazan la población para lograr el control territorial. Estos actos sistemáticos y generalizados buscan provocar terror y ruptura del tejido social en las comunidades agromineras, campesinas y étnicas que habitamos y salvaguardamos los territorios.
La presencia de actores paramilitares en la región genera una alta vulnerabilidad y riesgos para nuestros procesos y liderazgos sociales, que vienen sufriendo señalamientos, amenazas, retenciones, desplazamiento forzado, e incluso asesinatos de nuestros compañeros por asumir la defensa de la vida.
Ante este escenario de paramilitarización de los territorios, los procesos populares, organizativos y comunitarios de la Región de los Dos Ríos nos hemos convocado nuevamente a las calles, a movilizarnos y declararnos en Emergencia Humanitaria, con el propósito de denunciar la aquiescencia del Estado con el paramilitarismo y exigir garantías para la vida digna y la permanencia en el territorio, pues hasta el momento no se evidencia un compromiso serio del “gobierno del cambio”.
Hacemos un llamado a nuestros demás compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario, y en general, a todo el Movimiento Social, Político y Popular para que nos acompañen y sumen fuerzas a esta convocatoria en apoyo y solidaridad a las comunidades, líderes y lideresas que están sufriendo el recrudecimiento de la guerra sucia.
Exigimos reacción inmediata por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, “El Gobierno de la Vida”, a fin de que las instituciones del Estado asuman y desde sus competencias adopten las medidas pertinentes para el DESMONTE DEL PARAMILITARISMO y garantizar la vida, integridad física y el derecho a permanecer y defender el territorio de estas comunidades campesinas y sus liderazgos sociales.
El papel de la justicia popular es imprescindible para desarrollar el trabajo de denuncia pública que es una tarea de vital importancia para visibilizar el avance del paramilitarismo ante las más extensas capas de la población en las que se ha despertado un interés por la realidad social.
Como pueblo organizado seguimos agitando nuestras banderas de poder popular y vida digna, mandatando normas comunitarias y defendiendo los bienes comunes, nuestros ríos, montañas, ciénagas, playones y humedales, contra los rapaces intereses de las élites que pretenden imponer su maquinaria de muerte, destrucción y dolor. Por eso nuestro llamado es a resistir y tomar medidas de protección para continuar en pie de lucha por la vida, la tierra y la dignidad.
EMERGENCIA HUMANITARIA
¡Por la Defensa de los Derechos, la Vida y el Territorio!
