25 de noviembre de 2022
“Nunca olviden que solo hace falta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca pueden darse por sentados. Debes permanecer vigilante durante toda tu vida”
Simone de Beauvoir
Los vientos de cambio y el escenario de esperanza en el país recrean la necesidad de prestar especial atención a las regiones históricamente afectadas por la pobreza y la guerra, como el Magdalena Medio. En particular, es tiempo que el Estado colombiano atienda de manera urgente y adecuada las desigualdades, la discriminación y las violencias que afectan de manera especial y diferenciada a las mujeres, las niñas y las adolescentes que habitan este territorio.
La Organización Femenina Popular con ocasión de unirse, una vez más y como hace 41 años, a la conmemoración del Día internacional para eliminar las violencias contra las mujeres, llama la atención sobre tres condiciones de vulneración sociopolítica y por razones de género, que tienen una expresión de urgencia humanitaria en el Magdalena Medio, a saber:
- La persistencia de las conflictividades violentas y la violencia sociopolítica
- Disputas territoriales y violencias socioeconómicas y ambientales
- Las violencias de género y la impunidad generalizada
Respecto a estas condiciones se formulan tres exigencias orientadas a que se adopten medidas urgentes para mitigar la grave situación, a crear escenarios de participación de las mujeres, control político y vigilancia pública y redefinir con carácter territorial las políticas de seguridad, hacia una seguridad humana y feminista.
La persistencia de las conflictividades violentas y la violencia sociopolítica
En Colombia la persistencia de las causas estructurales del conflicto armado y las expresiones de la violencia sociopolítica profundizan el escenario de riesgos de vulneración de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y las garantías económicas, políticas, culturales y ambientales de las mujeres. Esto se hace evidente en la vida cotidiana de las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como en las comunidades que habitan, que hoy continúan enfrentando una preocupante situación de agravamiento de su seguridad en distintas dimensiones: física, ambiental, sexual, política y social.
La región del Magdalena Medio continúa siendo el foco de disputas económicas y de control territorial. Esto mantiene la presencia de conflictos socioambientales y sociopolíticos que afectan continua y profundamente la vida de las comunidades y de forma diferencial a las mujeres.
En el 2021, INDEPAZ registraba la presencia de más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y de infraestructura en Colombia, que contravienen los intereses de las comunidades principalmente debido al impacto socioambiental de dichos proyectos. En estos conflictos confluyen actores empresariales, políticos y grupos armados legales e ilegales que configuran un alto margen de riesgo para los líderes y lideresas sociales y ambientales que propenden por acciones democráticas en la definición territorial y de sus proyectos macroeconómicos. Para el caso del Magdalena Medio y Santander se centran en las industrias extractivas de minería, hidrocarburos y monocultivos.
En esta región se ha identificado la presencia y una preocupante expansión de grupos de Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de las FARC, a las que se suman (o articulan) grupos de delincuencia organizada que controlan focos de economía ilegal como el narcotráfico y las rentas criminales, lo cual ha aumentado la violencia contra la población en general y la violencia selectiva contra líderes y lideresas; también se evidencia la presencia del ELN y grupos de delincuencia organizada.
Esta situación ya fue advertida por la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana 027 del 2022[1], la cual establece un alto riesgo para las comunidades, líderes y lideresas de 4 municipios de la región: Barrancabermeja, Simacota, Puerto Wilches y Yondó.
Las amenazas contra líderes sociales, ambientales y comunales, y personas defensoras de derechos humanos, además de intimidaciones a la población civil, son tan sólo algunos de los riesgos a las vulneraciones de los derechos humanos que detectó la Defensoría del Pueblo en Santander y Antioquia y por las que emitió la Alerta Temprana 027 del 2022[2].
La expansión de grupos de autodefensas se correlaciona con el aumento de amenazas a líderes y lideresas sociales desde el 2020, especialmente contra quienes se han pronunciado, organizado y movilizado en contra de la implementación de los proyectos pilotos de fracking para la explotación petrolera y prácticas de apropiación de tierras en los playones que generan daños ambientales para modificar el uso del suelo en favor de la agroindustria y la ganadería por parte de terratenientes de la región.
La Defensoría del Pueblo reconoció que:
“Las amenazas e intimidaciones obedecen a la lógica de los grupos armados ilegales y delincuenciales de mantener el control e intentar persuadir, de manera violenta, a los líderes que denuncian actividades ilícitas de estos grupos ilegales. Los actores armados también estarían tratando de incidir o cooptar las labores comunitarias que adelantan las juntas de acción comunal o juntas de vivienda[3]”.
Los hechos más directos de violación de los Derechos Humanos y el DIH se concentran en Barrancabermeja y Puerto Wilches. En el primero de ellos se han presentado, de acuerdo con el sistema de datos abiertos del gobierno nacional, 158 denuncias por homicidios, de los cuales 64 fueron por homicidio doloso consumado. En 19 de estas denuncias, las víctimas son mujeres. En Puerto Wilches estas cifras corresponden respectivamente a 36 denuncias por homicidios, con 26 homicidios dolosos consumados, 2 de los cuales fueron contra mujeres. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “la mayor parte de los homicidios serían cometidos por las estructuras combos-franquicias-pandillas al servicio de las AGC”.[4]
Las denuncias por desplazamiento en Barrancabermeja suman 97, en lo corrido del 2022, en 38 de ellas las víctimas son mujeres; en Puerto Wilches se han registrado 58 denuncias por este hecho con 27 mujeres víctimas. Esto representa el 34% de las denuncias presentadas por este hecho en todo el departamento de Santander. En cuanto a las amenazas, durante el 2022, 343 mujeres en Barrancabermeja y 55 en Puerto Wilches han presentado denuncias por este hecho[5].
A nivel local se ha alertado la situación en Barrancabermeja especialmente de las comunas uno, tres, cinco y siete, donde frecuentemente se han presentado enfrentamientos armados dejando como víctimas principalmente a jóvenes de sectores populares.
Esta violencia es agenciada por grupos vinculados directamente al control de actividades ilícitas como el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, el agiotaje y la trata de personas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, algunos de los integrantes de estos grupos son exintegrantes de los grupos armados extintos o que pasaron por aparentes procesos de desmovilización como el Bloque Central Bolívar de las autodefensas. Esto evidencia ya no la existencia de sólo reductos del paramilitarismo, sino un escenario de reconfiguración de sus prácticas y esquemas que, tras una aparente desmovilización, actúan impunemente en el territorio sin una estrategia o intención eficaz de desmantelamiento de sus estructuras.
Este contexto generalizado en la región se manifiesta cotidianamente en la imposición de modalidades de violencia como las amenazas, “fronteras invisibles”, homicidios selectivos, enfrentamientos armados, asesinatos, desplazamientos, hechos de violencia sexual e imposición de normas de conducta y tránsito en escenarios barriales. Lo anterior configura hoy un escenario de vulneración de los derechos humanos para las mujeres, quienes experimentan una sensación generalizada de zozobra, temor e intimidación sobre sus vidas y las de sus familias, especialmente los jóvenes, los niños y niñas, quienes se encuentran mayormente expuestos a la cooptación y agresión de grupos delincuenciales organizados como estrategia de fragmentación social, familiar y comunitaria.
Además de lo anterior, las mujeres enfrentan riesgos particulares como la explotación sexual, la violencia sexual y la trata de personas. Frente a esta última situación, desde hace más de 10 años la Defensoría del Pueblo ha venido emitiendo alertas para advertir el riesgo, con énfasis en la necesidad de protección de las mujeres migrantes. En el 2011 se emitió la alerta temprana 016 que instó a las autoridades a tomar medidas para la mitigación del riesgo. Sin embargo, en el 2017 la misma entidad evidenció su persistencia. Posteriormente, en el 2020 se focalizó esta alerta en 11 municipios del Sur de Bolívar y estimó que 2.590 mujeres estarían en riesgo de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Nuevamente en el 2021, la alerta temprana 018 reconoció esta situación en relación con la presencia de actores armados que disputan el control de las economías ilegales.
Las economías ilegales de la región están asociadas, por un lado, con la cadena de producción transformación y comercialización de la hoja de coca con acceso a las rutas de narcotráfico; por otro lado, la minería ilegal, la extorsión, el agiotaje, la explotación sexual, el tráfico de armas, entre otras. Esto se da en los corredores de la región que resultan útiles para el tránsito de armas, implementos y personas que hacen parte de los grupos armados.
2. Disputas territoriales y violencias socioeconómicas y ambientales
Las situaciones descritas afectan de forma directa y diferenciada a las mujeres en distintas dimensiones del ámbito social. El uso de la violencia de género como un mecanismo de dominación territorial por parte de los actores armados aumenta la violencia física y sexual en contra de las mujeres en una zona de alto tránsito de estos actores.
La acción de los grupos organizados que controlan las economías ilegales es causante del desplazamiento económico de mujeres que frente a los amedrentamientos, intimidaciones y amenazas de su parte deben abandonar el territorio. Aunque el acceso a datos y cifras sobre estos hechos en la región es difícil, es importante alertar frente a la ocurrencia de este hecho principalmente en los sectores populares en los que las mujeres se ven en riesgo de ser cooptadas por redes de agiotaje, extorsión y explotación.
Estas situaciones se suman a una preocupante profundización de la crisis económica y el aumento de la pobreza, especialmente para las mujeres. En todas las regiones del país, tanto en las cabeceras municipales como en centros poblados y zona rural dispersa, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) tiene una mayor incidencia en hogares con jefatura femenina. A nivel nacional el IPM para hogares con jefatura femenina fue del 17.6% con una brecha de 2.9 respecto a los hogares con jefatura masculina. Particularmente en Santander, esta incidencia fue del 14.5% en hogares con jefatura femenina, frente al 12.3% en hogares con jefatura masculina.
En Colombia, en los últimos 4 años se ha registrado una tasa de desempleo (TD) por encima del 20%. La pandemia generó un incremento de la TD, fenómeno generalizado que llevó a que el país tuviera la TD más alta en los últimos 20 años. Barrancabermeja, epicentro social y económico de la región, no fue la excepción: En 2020 el desempleo en la ciudad aumentó en 8,4 puntos porcentuales en comparación con 2019 (CER, 2021). En esta situación las mujeres han resultado principalmente rezagadas en la recuperación de los efectos de la crisis de empleo del 2020, pues de forma generalizada la histórica desigualdad y discriminación que sufren genera limitaciones como barreras de acceso a bienes culturales, integración al mercado laboral en forma inestable, débil o inexistente, insuficiente generación de ingresos propios[6], dependencia económica derivada de una fuerte inversión de su fuerza laboral en las tareas domésticas y del cuidado de sus hijos e hijas, barreras culturales para ejercer funciones mejor valoradas por el mercado. Además, el entorno local sanitario, vial, de seguridad pública y las deficiencias de las viviendas, afectan directamente la situación de las mujeres. A esto se suma, la debilidad en las políticas públicas de equidad de género que no incorporan programas orientados a la inclusión socioeconómica de las mujeres, la generación de oportunidades para el buen vivir, con el foco en las personas, la comunidad, el territorio y la responsabilidad social.
La confluencia del conflicto sociopolítico y el agravamiento de la crisis social y económica afecta de manera determinante la soberanía de las comunidades y la autonomía de las mujeres, limitando el desarrollo de una economía popular que garantice la seguridad alimentaria, física, sexual, ambiental y social de las mujeres. En esto tiene una alta incidencia la histórica dependencia económica de la región de las industrias primarias extractivas como la minería y los hidrocarburos, además de la ganadería y la expansión de los monocultivos, las cuales generan afectaciones en doble vía: a la naturaleza, el agua, los suelos y el aire; y a las mujeres y comunidades que ven sus prácticas marginalizadas y subordinadas económica y culturalmente a las dinámicas de las industrias, causando efectos como el desplazamiento ambiental por destrucción de los ambientes y el riesgo específico de líderes y lideresas mencionado previamente.
Esta violencia ambiental, además de afectar política, cultural y económicamente a las comunidades, incide, por un lado, en las situaciones de salud de éstas, afectando diferencialmente a las mujeres no sólo de forma directa, sino también como principales responsables de las tareas del cuidado, aun a pesar de sus propias condiciones, e incluso agravándose por la ausencia de clínicas especializadas para su atención en ámbitos de la salud que les afectan específicamente, como la salud sexual y reproductiva, la etapa gestante y algunos tipos de cáncer que les afectan con mayor frecuencia. También se evidencian afectaciones ambientales relacionadas con infecciones respiratorias agudas; de hecho SIVIGILA reportó que Barrancabermeja es el tercer municipio de Santander con mayor morbilidad por esta causa, superado únicamente por Bucaramanga y Floridablanca.
Por otro lado, la reducción de fuentes alimentarias como producto de la destrucción ambiental afecta el derecho a la alimentación y contribuye en la malnutrición de mujeres y niñas, así como la pérdida de soberanía, pues frente a la falta de acceso a la tierra y la exclusión de sus territorios, se ven afectadas las posibilidades de transformación de los modelos de producción y las prácticas propias y ancestrales históricamente conservadas por las mujeres.
Así, al impacto ambiental de la transformación del uso de los suelos y su apropiación por parte de terratenientes o su control por parte de grupos armados, se suma el carácter marginal de la propiedad femenina de la tierra, lo que reduce la destinación de los recursos a la industria extractiva que acarrea la presencia de empresas nacionales y transnacionales, antecedidas por desplazamiento forzado y reasentamientos involuntarios en los que las mujeres, los niños y niñas son las principales afectadas.
La confluencia de estas violencias sociopolíticas y económicas en un territorio donde persisten patrones culturales de subordinación de las mujeres e imaginarios patriarcales sobre ellas, acarrea la exacerbación de las violencias contra las mujeres también en el ámbito privado. Además, la brecha de género en el acceso a la tierra, la participación en el mercado laboral y generación de ingresos propios se relaciona directamente con los escenarios de desigualdad desde lo doméstico, en la distribución inequitativa de trabajos no remunerados, hasta las posibilidades de participar en espacios formativos, organizativos, sociales y políticos.
Así lo perciben las lideresas de la Organización Femenina Popular, quienes han afirmado que esta situación tiene un impacto directo en la vida personal, familiar y laboral de las mujeres de la región. Cada día, se encuentran inmersas en un estado de intranquilidad, zozobra y miedo. Para algunas de ellas, esto se ha traducido en problemas de sueño y de salud mental. Las mujeres temen por su seguridad y la de sus hijos e hijas. Así mismo, manifiestan que la incertidumbre y vulnerabilidad en la que se encuentran impide el impulso de ideas de crecimiento económico, lo cual se suma a la falta acompañamiento y apoyo que reciben por parte del Estado.
Adicionalmente, esto tiene un impacto en los procesos organizativos de las mujeres. La persecución a voceros y lideresas, las amenazas y el temor generalizado, desincentivan la participación en procesos organizativos y la promoción de espacios de reunión para el activismo político y social. Una lideresa de la OFP ha manifestado que esta situación: “Acaba con una propuesta organizativa porque el temor y el miedo te paraliza y no te deja participar, por poner en riesgo tu propia vida y la de tu familia”.
La CEPAL (2021) registró también la interrelación entre las afectaciones económicas de las mujeres y las situaciones de violencia y, en general, su pérdida de autonomía en 4 dimensiones o nudos de la desigualdad. En primer lugar, la desigualdad socioeconómica y la pobreza, dentro de la cual se evidencian factores como la sobrerrepresentación de mujeres en hogares pobres, las barreras de acceso a servicios financieros que implica menor capacidad de afrontamiento a la crisis, concentración de las mujeres en trabajos informales, acceso limitado a servicios básicos y profundización de la brecha digital de género. En segundo lugar, en la concentración del poder se identifica fundamentalmente una menor participación de las mujeres en la toma de decisiones. En tercer lugar, los patrones culturales patriarcales, como ya se ha dicho, dejan expuestas a las mujeres a la convivencia con agresores y a ser víctimas de distintas formas de violencia de género. Finalmente, la cuarta dimensión es la división sexual del trabajo relacionada con el aumento de la demanda de cuidado en los hogares y la ocupación mayoritaria de mujeres en sectores vulnerables al contagio, así como una sobrerrepresentación de ellas en sectores de baja calificación, lo cual implica mayor riesgo de perder sus empleos (CEPAL, 2021).
Violencias de género en el Magdalena Medio e impunidad generalizada
En este contexto, las violencias basadas en género presentan un escenario de violencias directas contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en el que urge la acción social y política. A pesar del fin del confinamiento y la aparente superación del estado de emergencia por la pandemia del Covid19, la pandemia en la sombra, como ONU Mujeres se ha referido a las violencias contra las mujeres y niñas, permanece y sus expresiones se refuerzan en los escenarios de crisis económicas, sociales y políticas por las que atraviesan distintos territorios, como la región del Magdalena Medio.
La violencia basada en género (VBG) debilita la garantía de la dignidad, libertad y autonomía de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente. (OMS 2021).
Tanto la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 como en la Convención de Belém do Pará de 1994, conceptualizan la violencia basada en género, reconociéndola como una violación de derechos humanos, un problema de salud pública y un problema de justicia social, influida en gran medida por la condición social, económica y jurídica subordinada de la mujer en muchos entornos (ONU Mujeres, 2021).
Desde el sector salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) en Santander, se han reportado altas cifras de violencias de género e intrafamiliar históricamente, llegando en algunos años (2018) a ocupar el número 11 entre las 38 Entidades Territoriales que reportaron, y las incidencias más altas, con una proporción de 248,9 por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de incidencia nacional.
La vivienda continúa siendo el principal lugar donde las mujeres están sufriendo este flagelo y donde se siguen utilizando instrumentos que causan graves o permanentes daños a la vida de las mujeres en las agresiones que se presentan. No obstante, resulta casi nula la acción del sistema de justicia ante esta problemática.
En los municipios del Magdalena Medio se puede apreciar que existen unas altas cifras en casi todos los indicadores de violencias contra las mujeres, al igual que una alta incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La correlación entre estos dos indicadores lleva a pensar que este territorio, reproduce de forma exacerbada las violencias contra las mujeres y las niñas en diversas manifestaciones.
En cuanto a la tasa de homicidios contra mujeres del año 2021, se puede apreciar que los mayormente afectados en los municipios del Magdalena Medio fueron los hombres. Sin embargo, en municipios como Puerto Wilches (11,93 casos por cada 100.000 habitantes) y El Carmen de Chucurí (9,35 casos por cada 100.000 habitantes), se presentan altas cifras de homicidios contra mujeres en relación al departamento de Santander como se relaciona a continuación:
Fuente: Observatorio de Mujer y Equidad de Géneros de Santander, 2022
En Colombia durante el 2022 se ha evidenciado mediáticamente la exacerbación de las violencias contra las mujeres en sus distintas expresiones hasta el feminicidio, incluso en circunstancias de sevicia. En este año en el país se han registrado 558 denuncias por feminicidio, según datos de la Fiscalía General de la Nación. De estos hechos, 76 se han dado en situaciones de agravamiento por edad, situación de vulnerabilidad, agresión sexual, cometerse en contra de persona integrante de la unidad doméstica o concurso de personas.
En Santander, se registran 25 denuncias de feminicidio en el 2022 concentradas en los municipios de Bucaramanga (11 denuncias, de las cuales 2 son por feminicidio consumados), Barrancabermeja (4 denuncias, de las cuales 1 es por feminicidio consumado), Floridablanca (4 denuncias, 1 por feminicidio consumado), Lebrija (3 denuncias, 1 por feminicidio consumado), Cimitarra (2 denuncias, 1 por feminicidio consumado) y San Gil (1 denuncia).
Estos hechos se suman a las muertes violentas de mujeres que entre el 2018 y el 2021 en el área rural en el Magdalena Medio suman 44, teniendo las cifras más altas Barrancabermeja (4), Puerto Wilches (3), Cimitarra (3) y Landázuri (3):
Tabla 1 Número de muertes violentas en el área rural del Magdalena Medio, 2018 a 2022
| Municipio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Barrancabermeja | 3 | 1 | 4 | |||
| Puerto Wilches | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Cimitarra | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Landázuri | 3 | 3 | ||||
| El Carmen de Chucurí | 1 | 1 | 2 | |||
| Betulia | 1 | 1 | ||||
| Bolívar | 1 | 1 | ||||
| Sabana de Torres | 1 | 1 | ||||
| Total | 5 | 15 | 6 | 9 | 9 | 44 |
Fuente: Observatorio de Mujer y Equidad de Géneros de Santander, 2022
En cuanto a la tasa de violencia intrafamiliar, el Magdalena Medio reportó las cifras más alarmantes del Departamento en el año 2021 con tasas como la de Puerto Wilches con 799,09 y Barrancabermeja con 702,34 casos por cada 100.000 habitantes. En estos municipios durante el 2022 se han presentado 86 denuncias en Puerto Wilches, siendo en 70 casos víctimas mujeres y 847 denuncias en Barrancabermeja, de las que 657 casos tienen como víctimas mujeres.
Otros municipios de la región presentan los siguientes datos en esta dimensión durante el 2022:
- En Sabana de Torres hay 65 denuncias por violencia intrafamiliar, en 52 de ellas la víctima es mujer.
- En el Carmen de Chucurí se presentaron 17 denuncias. En 8 de ellas la víctima es mujer.
- En Cimitarra se registraron 54 casos denunciados. En 50 las víctimas son mujeres
- En Landázuri se han denunciado 11 casos, en 10 las víctimas son mujeres
- En San Vicente de Chucurí, de 37 casos denunciados, en 22 de ellos las víctimas son mujeres
- En Puerto Parra se registraron 29 casos, con 23 mujeres víctimas.
- En Betulia se han denunciado 3 casos, en todos las víctimas son mujeres.
- Municipios del Magdalena Medio Bolivarense como San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití, Arenal, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, Tiquisio, sumaron 98 denuncias, en las que 88 han sido víctimas mujeres.
- En el Magdalena Antioqueño conformado por los municipios de Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo, la cifra asciende a 130 denuncias, con 109 mujeres víctimas.
Por otra parte, los delitos sexuales, aunque presentan un alto subregistro por la estigmatización a la que se deben enfrentar las víctimas y la inoperancia del sistema judicial en muchos de estos casos, en los municipios de la región se han denunciado los siguientes casos:
- 363 casos en Barrancabermeja, siendo las víctimas mujeres en 314
- 19 casos denunciados en Puerto Wilches con 16 mujeres víctimas.
- 33 denuncias en Cimitarra con 30 mujeres víctimas.
- 43 denuncias en el Carmen de Chucurí con 31 mujeres víctimas
- 35 casos en San Vicente de Chucurí con 25 mujeres víctimas
- En otros municipios como Puerto Parra, Betulia y Simacota se denunciaron este año 44 delitos sexuales, en 34 de ellos las mujeres fueron víctimas.
- En los municipios del sur de bolívar se suman 140 denuncias, con 125 mujeres víctimas.
- En el Magdalena Medio Antioqueño se registran 103 denuncias por estos hechos, en las que en 93 de ellas las víctimas son mujeres.
Es importante mencionar que según el Código Penal Colombiano los delitos sexuales se caracterizan por ser actos que no conllevan el consentimiento de la otra persona o que la víctima es menor de catorce años de edad, puesto que, cuando un menor de 14 años es inducido al sexo por parte de una persona adulta, podría ser considerado un delito, con pena privativa de la libertad y multa” (Congreso de la República, 2000).
Por lo anterior resulta preocupante la alta tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años en el Magdalena Medio. En el 2020 San Vicente de Chucurí registró la tasa más alta con 5,95 casos por cada 1.000 niñas, seguido de los municipios de Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Cimitarra.
Tabla 2. Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años del Magdalena Medio, 2020
| Municipio | Tasa x 1.000 mujeres |
| San Vicente de Chucurí | 5,95 |
| Barrancabermeja | 3,02 |
| Cimitarra | 1,28 |
| Puerto Wilches | 1,90 |
| Sabana de Torres | 3,84 |
Fuente: Observatorio de Mujer y Equidad de Géneros de Santander, 2022
En cuanto a las tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años del año 2020, se encuentra que los municipios del Magdalena Medio de nuevo presentan cifras más altas que en el resto del departamento, siendo en este caso Sabana de Torres el municipio que presenta la mayor tasa con 115,23 casos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años:
Tabla 3 Tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años, 2020
| Municipio | Tasa x 1.000 mujeres |
| Barrancabermeja | 99,7 |
| Cimitarra | 71,39 |
| Puerto Wilches | 76,65 |
| Sabana de Torres | 115,23 |
| Betulia | 55,03 |
| El Carmen de Chucurí | 53,26 |
| Landázuri | 68,24 |
| San Vicente de Chucurí | 57,76 |
Fuente: Observatorio de Mujer y Equidad de Géneros de Santander, 2022
Como se mencionó anteriormente, existe una correlación de estas situaciones de violencia que se presentan principalmente en el entorno privado y doméstico y las tasas de ITS. Al respecto, el cáncer de cuello uterino, si bien no es una ITS, sí es provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se transmite en mayor proporción de hombres a mujeres por prácticas sexuales sin protección, causando una enfermedad que se encuentra tipificada como el segundo tipo de cáncer que más muertes produce en mujeres en el departamento. Las cifras del Magdalena Medio se reflejan con mayor fuerza en los municipios de Barranca (14,56 urbano y 7,60 rural), Landázuri (29,81 rural), Puerto Wilches (22,80 urbano) y Sabana de Torres con (16,29 urbano) casos por cada 100.000 habitantes.
Frente a estas situaciones la precaria e ineficiente acción institucional resulta un agravante para la vulneración de los derechos de las mujeres, pues la ausencia de mecanismos de atención dignos y eficientes y la reproducción de prácticas y conductas estigmatizantes y revictimizante por parte de funcionarios públicos configuran un escenario de discriminación y refuerzan las barreras estructurales para la superación de las violencias en contra de las mujeres.
Por esto, es fundamental la promoción de acciones de convergencia entre las distintas entidades que garanticen una acción efectiva, y la incorporación eficiente del enfoque de género en las decisiones y acciones de funcionarios y funcionarias que trabajan en entidades cuya responsabilidad es velar por la garantía de las mujeres a una vida libre de violencias en todas sus expresiones y en todos los espacios.
PROPUESTAS:
- Crear y poner en funcionamiento un mecanismo de atención y respuesta rápida y efectiva desde la institucionalidad, las organizaciones sociales y la sociedad civil que implique la activación de alertas sociales e institucionales frente a situaciones de riesgo o de violencia directa en contra de líderes y lideresas sociales, jóvenes, mujeres, niños y niñas, expuestos a las dinámicas de poder y dominación de los actores armados. grupos delincuenciales de la región o situaciones de crisis alimentaria, de vivienda y seguridad.
- Convocar de manera prioritaria y urgente en el año en curso un consejo de seguridad de mujeres en cada municipio del Magdalena Medio y uno departamental en Santander, con el fin de definir compromisos para superar los obstáculos en el acceso a la ruta de atención y protección para las mujeres, jóvenes y comunidades en general.
Además, el Gobierno Nacional deberá garantizar que las mujeres del Magdalena Medio participen activamente en la construcción y puesta en marcha del Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
- Convocar una audiencia defensorial de mujeres en el marco del día internacional de la mujer, el próximo 8 de marzo del 2023 de amplia participación de sectores de la sociedad civil a nivel local, regional y nacional; y con carácter vinculante para determinar la ruta de acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres y la mitigación de los impactos de las violencias sociopolíticas, ambientales y de género en la vida de las mujeres, jóvenes y niñas en la región del Magdalena Medio.
[1] Defensoría del Pueblo, Alerta temprana 027 – 2022, 30 de septiembre del 2022.
[2] Defensoría del Pueblo, Nota de prensa: Defensoría del Pueblo emitió Alerta Temprana para 4 municipios del Magdalena Medio por amenazas a líderes y defensores de derechos humanos, 19 de octubre del 2022,
[3] Defensoría del Pueblo, Nota de prensa: Defensoría del Pueblo emitió Alerta Temprana para 4 municipios del Magdalena Medio por amenazas a líderes y defensores de derechos humanos, 19 de octubre del 2022
[4] Defensoría del Pueblo, Alerta temprana 027 – 2022, 30 de septiembre del 2022.
[5] Portal datos abiertos: Entradas de noticias criminales por delito al Sistema Penal Oral Acusatorio en la Ley 906 de 2004 y Ley 1098 de 2006. Disponible en: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conteo-de-V-ctimas/sft7-9im5/data
[6] La CEPAL registró para el 2020 que en Colombia el 39.3% de las mujeres mayores de 15 años no contaban con ingresos propios, frente al 17.4% de los hombres que superan la misma edad. Este patrón de desigualdad se presenta de forma recurrente en los países latinoamericanos.
